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En 1931 se proclamó la República en España. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 1934, el presidente de la Generalidad y líder de ERC, Lluis Companys, declaró unilateralmente el Estado Catalán. El Gobierno central decretó el estado de guerra, suspendió ... la autonomía catalana y, aunque los Mossos d'Esquadra obedecieron a los rebeldes, en diez horas los golpistas se rindieron a las tropas del gobernador militar. Fueron encarcelados, juzgados en Madrid por el Tribunal de Garantías Constitucionales y condenados por rebelión a 30 años de prisión e inhabilitación absoluta. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 (en las que Companys, aún preso e inhabilitado, fue elegido diputado), el Gobierno los amnistió. Cuando meses más tarde estalló la guerra, Companys, Tarradellas y compañía huyeron a Francia. Al primero se lo extraditaron los nazis a Franco en 1940 y fue fusilado en Montjuich. El segundo tuvo más suerte: en 1977 Adolfo Suárez se trajo del exilio al viejo líder de ERC y lo puso, que ni se lo creía, de Honorable President. En 1979 se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y vuelta al empezar «el proceso».
A mí no me solivianta que indulten a los autores de la última grotesca declaración ilegal de un Estado catalán independiente. Por mí ni estarían en la cárcel, porque solo sirve para convertirlos en mártires de su causa perdida. El perpetuo error de la «cuestión catalana» es que partidos que llevan hasta un siglo vulnerando el orden constitucional continúen siendo legales tras propinar sus intentonas golpistas, y que sus actuales líderes, que mandan en el Govern de Cataluña y mangonean el gobierno de España, sean un prófugo de la justicia y otro cumpliendo —de aquellas maneras— una condena judicial (una «venganza», en la insólita y gravísima interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo por un presidente del Gobierno que les debe el puesto). Permitir esto, no indultarlos, es lo inadmisible.
El problema no son las personas, que pasan, sino los partidos, gran reserva como ERC o cosechero como JxC, que permanecen impunes como un cáncer de la democracia del 78. Yo los excarcelaría a todos y permitiría volver al pirado de Waterloo, pero prohibiría los partidos políticos que violan sistemáticamente la ley e inhabilitaría de verdad a sus cabecillas. Los dejaría predicar en libertad su república independiente a quien quisiera escucharlos, pero les impediría ocupar puestos de gobierno en las instituciones del Estado español que los nombra y les paga un sueldo para que traten de destruirlo una y otra vez. Claro que yo no dependo de estos malhechores para mantenerme en el poder, y si te descuidas para comer, como ese adicto al poder sin escrúpulos de Pedro Sánchez.
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