'Procés' para sentencia

Editorial ·
La inocencia de los acusados parece tan inverosímil que la Sala Marchena está abocada a deliberar entre rebelión y sedición

Diario La Rioja

Miércoles, 5 de junio 2019, 10:04

La recta final de las sesiones que se siguen en el Tribunal Supremo contra diez responsables institucionales y dos dirigentes de entidades sociales, en relación a los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, volverá a confrontar la acusación de rebelión con la ... defensa de la absolución de los procesados. Pero ayer se escenificó la controversia latente en la acusación pública; con la Fiscalía insistiendo en que los hechos a enjuiciar implican el delito de rebelión, y la Abogacía del Estado describiendo su gravedad en torno al tipo penal de sedición.

El fiscal Javier Zaragoza se mostró rotundo en la presentación del informe definitivo del Ministerio Público, al afirmar que «en Cataluña hubo un golpe de Estado», porque, a su entender, los acusados «quisieron sustituir un orden judicial por otro por medios ilegales». El fiscal Jaime Moreno advirtió de que «la violencia se plasmó en tres momentos»; cuando se pretendió celebrar el 1-O con la oposición de 6.000 agentes, cuando se trató de impedir la investigación judicial, y mediante el hostigamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El fiscal Fidel Cadena señaló que la rebelión «es un delito contra la Constitución, no contra el orden público». A su entender no se trató de sedición, porque el referéndum fue como «cien sediciones diferentes animadas por un plan u hoja de ruta», precisando que la rebelión no exige un alzamiento armado, y concluyendo que «el delito se consumó con el levantamiento, aunque no se lograra el objetivo». La fiscal Consuelo Madrigal agravó la acusación de rebelión con el delito de malversación, al señalar que el 1-O supuso el desvío de tres millones de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal. La Abogacía del Estado no se echó atrás en el relato y la calificación de la gravedad de los hechos, en cuanto a la existencia de un plan general para subvertir el orden constitucional.

Pero Rosa María Seoane alegó que «la violencia no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por los acusados», después de apostillar que «no puede equipararse la violencia con el uso de la fuerza». Ello tras coincidir con la Fiscalía en que el delito de sedición -que para el Ministerio Público es de rebelión- se basa en la concurrencia de «tres pilares: el parlamentario, el poder del Govern y las asociaciones civiles». La absolución de los acusados, la presunción de que se limitaron a un ejercicio extensivo de sus derechos y hasta de sus obligaciones, parece tan inverosímil que la Sala presidida por Manuel Marchena está abocada a deliberar entre rebelión o sedición.