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El independentismo catalán sigue empeñado en simular que es posible una salida a lo que denomina «conflicto» basada en un referéndum para la secesión y una amnistía, y en presionar a Pedro Sánchez para que negocie ambas medidas como si tuvieran viabilidad legal y hubiese ... alguna opción de que el Gobierno las compartiera. Nada de ello ocurre. Bien lo sabe Pere Aragonès aunque eluda darse por enterado y finja ver factible un acuerdo en esos términos en lo que resta de legislatura. El presidente de la Generalitat se comporta como si sus reivindicaciones fuesen un punto de encuentro en la sociedad catalana en lugar de un factor de división que la ha partido en dos. Y como si, tras el estruendoso fracaso del 'procés', la pandemia no hubiera cambiado drásticamente las prioridades de los ciudadanos. La mayoría de ellos –el 59,5%– defiende que el Govern se vuelque en la gestión de los servicios públicos, desatendida hasta el extremo durante los años de ensoñaciones rupturistas, frente al 37,5% que todavía apuesta por primar una solución al «conflicto», según una encuesta del propio Ejecutivo catalán. Una muestra de paulatina vuelta a la normalidad, que Aragonès no debería despreciar.
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