El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a aprobar este año una reforma de las pensiones. Se trata de un medida ineludible no solo porque la UE haya condicionado a ella las ayudas a nuestro país para la reconstrucción de su tejido económico después de ... la pandemia, sino porque la sostenibilidad futura del sistema requiere cambios que, tras ser aplazados una vez tras otra por su impopularidad, ya no pueden esperar mucho más tiempo. El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, los sindicatos CC OO y UGT y la patronal –pendiente del visto bueno definitivo de los agentes sociales a su concreción en proyecto de ley– es un punto de partida del que hay que felicitarse. Sin embargo, resulta manifiesto su carácter limitado al posponer hasta el próximo año algunas de las cuestiones más peliagudas que será necesario resolver para asegurar la suficiencia financiera de la Seguridad Social en un escenario de acelerado envejecimiento de la población por la mayor esperanza de vida y una natalidad bajo mínimos.
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Las primeras manifestaciones de tal desajuste demográfico han deteriorado las cuentas de ese organismo, cuyo déficit se ha disparado en los últimos años y se ven amenazadas por la inminente jubilación de la generación del 'baby boom', que elevará el gasto en prestaciones y reducirá las personas en edad de trabajar que las sufragan. El pacto garantiza su poder adquisitivo e inyecciones del Presupuesto para aumentar sus recursos y persigue retrasar la edad efectiva de retiro. En aras del consenso, el Gobierno ha renunciado a penalizar ahora las prejubilaciones de los trabajadores con mayores salarios, a los que no aplicará los nuevos coeficientes reductores hasta 2024 y de forma gradual.
El acuerdo solo representa un primer paso del recorrido para blindar el futuro del sistema. Un camino en el que la parte más dolorosa ha quedado pendiente hasta el año que viene. Será inevitable debatir entonces sobre la eventual ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y la edad de jubilación, el destope de las cotizaciones o el mecanismo que sustituirá al controvertido factor de sostenibilidad, entre otras posibles medidas. El mantenimiento de unas prestaciones dignas a medio plazo es una prioridad que obliga a buscar ya fórmulas que la hagan viable. No saldrá gratis. Pero, cuanto más retrase el proceso, más elevada será la factura, que deberá respetar un equilibrio generacional.
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