Previsiones a la baja

La Comisión Europea empeoró ayer en punto y medio su previsión sobre la economía española respecto al informe de mayo, pronosticando que nuestro PIB caerá en un 10,9% al finalizar 2020. Con lo que Bruselas se suma al consenso general que sitúa a España ... y a Italia como los dos países del euro más perjudicados en su crecimiento por el Covid-19. Tan negativa corrección respondería a la valoración que ahora hace la CE de los efectos del propio confinamiento sobre la economía. Consecuencias que a juicio de Bruselas no podrán compensarse con la recuperación que se espera en la segunda mitad del año. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, advirtió además de que el coronavirus –en contra de la tesis que defendió en un primer momento el presidente Sánchez– ha afectado de manera desigual a los distintos países de la Unión. Causa principal de que existan diferencias en cuanto a la estrategia comunitaria a seguir. Tanto la Comisión como la OCDE mostraron ayer su preocupación ante la eventualidad de que se produzca una segunda ola epidémica, en cuyo caso las previsiones manejadas para este año –la OCDE sitúa la tasa de desempleo en nuestro país por encima del 20%– tendrían que ser revisadas del todo. Sin duda, es el temor de fondo que llevó al Gobierno a acordar con las organizaciones empresariales y las sindicales la continuidad de los ERTE durante este tercer trimestre. El temor de fondo por el que el Consejo de Ministros resolvió ayer prorrogar la moratoria de hipotecas y de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, así como el aplazamiento temporal y extraordinario del abono de la renta en el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas, y la prohibición de los cortes de suministros básicos hasta finales de septiembre. Las iniciativas que el Gobierno denomina de «escudo social» siguen siendo necesarias para paliar los efectos de tan brusca crisis sobre las personas y las familias más vulnerables. Pero es importante que la sociedad en su conjunto y aquellos ciudadanos que se hacen acreedores a tales medidas asuman su transitoriedad. Al tiempo que las administraciones concernidas establecen políticas a medio plazo para atender las necesidades sociales más perentorias. La llamada de atención de la OCDE sobre los riesgos que entrañaría prolongar los ERTE más allá de su actual período de vigencia es buen ejemplo de la inquietud que generan los posibles efectos adversos de la protección pública sobre empleos de difícil continuidad.