Pese a que los Presupuestos del Estado para 2022 son expansivos y se ha cuidado de no subir en general impuestos para no frenar un crecimiento que es determinante para la recuperación de los niveles de renta y riqueza anteriores al COVID, se han revisado ... algunos aspectos de la política fiscal que, en concreto, perjudican a los trabajadores autónomos, muchos de los cuales han padecido con destructiva intensidad la crisis y están lejos de haberse rehecho de ella. El proyecto de Cuentas para el próximo año, que acaba de ser aprobado con holgada mayoría por el Congreso y remitido al Senado, incluye una significativa subida de cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia. El texto recoge un incremento de las bases mínimas de cotización, debido al mecanismo de equidad, según el cual la base mínima para los afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) será de 960,60 y la máxima de 4.139,4 euros mensuales. Es decir, se eleva en 293,94 euros mensuales la cuota mínima, y la de los societarios hasta 377,87 euros al mes, lo que supone un alza de 59,4 y 76,2 euros, respectivamente, con respecto a este año. Por añadidura, las subidas no han sido negociadas, como se ha venido haciendo hasta ahora, con las organizaciones de autónomos, pese a que la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta propia subirá un 1,7% el año que viene. La subida gradual de las cotizaciones de los autónomos es una recomendación del Pacto de Toledo para equiparar la posición fiscal de los asalariados y de los autónomos, pero la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha quejado de que el asunto no haya sido tratado como siempre en el diálogo social.

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Algún otro cambio afecta también negativamente a los autónomos. Así, la reducción de 2.000 a 1.500 euros del límite de las aportaciones exentas a los planes de pensiones privados, una disminución de los intereses de demora en los retrasos en el pago de los ayuntamientos y la caída de algunas bonificaciones en el Impuesto de Sociedades. También de los PGE depende la prórroga hasta 2023 del sistema de módulos, cuya sustitución se está negociando y que afecta sobre todo a los transportistas por cuenta propia. La homologación entre autónomos y asalariados es razonable, pero quizá habría de hacerse con más sensibilidad a causa de la coyuntura todavía adversa, y con más diálogo social con este colectivo sensible, que es vital para la generación de empleo en nuestro país.

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