Una presidencia apurada

La primera votación para la investidura de Pedro Sánchez ofrece un resultado más que elocuente sobre la legislatura que daría inicio mañana con su elección por mayoría simple. Los 166 votos a favor (faltó Aina Vidal, de En Comú-Podem, porque cayó enferma), los 165 ... en contra y las 18 abstenciones del primer intento permiten suponer que será investido en el segundo. Pero lo hará con tan ajustada diferencia que no podrá olvidarse de los apoyos recibidos según regrese a la Moncloa. No tendrá más remedio que atender, de una manera u otra, a cada una de las razones por las que seis formaciones políticas se sumaron a los escaños con que cuenta la coalición PSOE-Unidas Podemos, y también a los motivos por los que ERC y EH Bildu optaron por abstenerse para favorecer su elección. Aunque lo ocurrido ayer constate la actualización de la coincidencia entre las izquierdas y grupos nacionalistas e independentistas que permitió a Sánchez sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, la resultante no es ni mucho menos una alianza consolidada. De modo que, junto a las dificultades a que se enfrentará el inédito Gobierno de coalición para tramitar el proyecto de Presupuestos de este año, la suma aritmética que precisa para legislar acabará ralentizando la acción del Gobierno o llevando a éste a abusar de los decretos-ley hasta despojar al Parlamento de su función legislativa plena. Pedro Sánchez ha tratado de presentar con naturalidad el acuerdo PSOE-ERC y la abstención de EH Bildu alegando sencillamente que ambas fuerzas son reflejos de la pluralidad. Nadie puede discutir esto último. Pero el secretario general socialista tampoco puede soslayar hasta qué punto su compañía condiciona al Gobierno. Y lo hace en un doble sentido: porque le obliga a satisfacer reivindicaciones que se sitúan más allá del propio programa de coalición y porque es la causa fundamental del abismo que se ha abierto entre la izquierda y la derecha constitucionalistas. La deliberada ambigüedad del acuerdo entre el PSOE y ERC, lejos de ofrecer oportunidades de moderación mediante las anunciadas negociaciones entre el Ejecutivo central y la Generalitat, convertirá los sobresaltos en que se mueve el independentismo catalán a la espera de elecciones autonómicas en un factor directo de inestabilidad para el mandato de Sánchez. Al mismo tiempo, impedirá que puedan cuajar consensos básicos de gobernabilidad de los que sea partícipe la inmensa mayoría de diputados y senadores. El frentismo que ha caracterizado los debates de ayer y del sábado constituye un preámbulo aciago para la legislatura.