La decisión del presidente de la Junta de Castilla y León de disolver el Parlamento regional y llamar a las urnas para el próximo 13 de febrero, a la vez que remodelaba su Gobierno con la expulsión de los cuatro consejeros de Ciudadanos, abre un ... nuevo ciclo electoral que se prolongaría durante 2022 y todo 2023. A no ser que la dinámica desatada por el Partido Popular dé lugar a una réplica en los mismos términos por parte de Pedro Sánchez con la convocatoria de los comicios generales en unos pocos meses. Alfonso Fernández Mañueco justificó ayer el paso dado, que había desmentido hasta ahora con contundencia y reiteración, por el riesgo de que el PSOE le presente otra moción de censura a partir de marzo y al haberse sentido traicionado por sus socios de Ciudadanos en la negociación presupuestaria con 'Por Ávila' y su único procurador autonómico. Pero predomina el supuesto de que el adelanto anunciado, que podría anteceder a otro en Andalucía, atiende a una estrategia de Pablo Casado para coger la delantera tanto al socialismo de Sánchez como a la alternativa que Isabel Díaz Ayuso alentaría frente a la actual dirección del PP.
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La potestad presidencial de disolver las cámaras legislativas concede a quien lidera un Gobierno la capacidad partidaria de convocar elecciones bien para aprovecharse de un momento favorable que le permita obtener una mayor ventaja respecto a sus adversarios, bien para eludir una coyuntura que se presuma claramente desfavorable. Una lógica subsumida en las reglas de la democracia parlamentaria, y aceptada por los ciudadanos en la materialización de la dialéctica entre Gobierno y oposición e incluso en las aspiraciones del socio mayor a fagocitar al menor en las coaliciones en el poder. Pero las premuras electorales de Fernández Mañueco y de Casado parecen responder también a disputas internas dentro de los populares que estos exteriorizan sin rubor, y que evitan explicar política y programáticamente.
En medio de la sexta ola de COVID, cuando la reactivación global tiende a dilatarse por los costes energéticos y los problemas de abastecimiento y España está a la espera de los fondos europeos, con su compleja gestión administrativa y empresarial, la precipitación electoral y electoralista del país no resulta lo más aconsejable. La polarización partidaria corre el riesgo de extremarse aún más, generando un clima de inestabilidad prolongado y dificultando la gobernación tanto ahora como dentro de dos o de cuatro años.
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