Las premuras de Casado

La potestad presidencial de disolver las cámaras legislativas concede a quien lidera un Gobierno la capacidad partidaria de convocar elecciones bien para aprovecharse de un momento favorable que le permita obtener una mayor ventaja respecto a sus adversarios, bien para eludir una coyuntura que se presuma claramente desfavorable. Una lógica subsumida en las reglas de la democracia parlamentaria, y aceptada por los ciudadanos en la materialización de la dialéctica entre Gobierno y oposición e incluso en las aspiraciones del socio mayor a fagocitar al menor en las coaliciones en el poder. Pero las premuras electorales de Fernández Mañueco y de Casado parecen responder también a disputas internas dentro de los populares que estos exteriorizan sin rubor, y que evitan explicar política y programáticamente.

En medio de la sexta ola de COVID, cuando la reactivación global tiende a dilatarse por los costes energéticos y los problemas de abastecimiento y España está a la espera de los fondos europeos, con su compleja gestión administrativa y empresarial, la precipitación electoral y electoralista del país no resulta lo más aconsejable. La polarización partidaria corre el riesgo de extremarse aún más, generando un clima de inestabilidad prolongado y dificultando la gobernación tanto ahora como dentro de dos o de cuatro años.