Precipitación educativa

El TSJR ha ratificado la suspensión cautelar de la resolución de la Consejería de Educación por la que se eliminaban varias unidades de la enseñanza concertada. El asunto afecta a los tres centros que recurrieron (Alcaste, Escolapias y Salesianos). Si bien es cierto, como enfatizó ayer el portavoz del Gobierno, Chus del Río, que el tribunal no entra a valorar el fondo de la cuestión –el incremento de las ratios mínimas en centros concertados para el próximo curso–, su auto sí pone de relieve la precipitación con la que la Consejería ha obrado en este asunto. La Sala rechaza las alegaciones del departamento que dirige Luis Cacho, al confirmar que los perjuicios que se hubieran ocasionado a alumnos, centros y profesores podían haber sido «irreparables» si se procedía a la supresión de unidades antes de que se cerrara el proceso judicial abierto por los recursos de esos tres centros. La Sala de lo contencioso-administrativo subraya en su auto que los asuntos educativos exigen «especial prudencia»; un requisito que no parece haber tenido en cuenta la Consejería y que, si bien siempre es recomendable, lo es todavía más en un año marcado por el impacto del coronavirus.