El dato anticipado del IPC de enero, que lo sitúa en el 6% en este inicio de 2022, permite tanto la lectura preocupada sobre unos precios que continúan desbocados por efecto, singularmente, de los costes energéticos, como aquella otra, más optimista, que se queda con ... la rebaja de medio punto en la escalada con respecto al pasado diciembre. El Gobierno se ha aferrado a esta distensión, apoyada en un ligero enfriamiento de la factura eléctrica, para trasladar un mensaje de confianza a una ciudadanía que ha visto mermado su poder adquisitivo en paralelo a las apreturas derivadas de la pandemia. La contención inflacionista constituye, en sí misma, un alivio. Pero poco más, dado que los precios siguen aupados a niveles desconocidos en tres décadas, que el respiro en el recibo eléctrico se debe más a lo elevado que estaba que a un recorte tangible y que no se prevé que el IPC se aligere a corto plazo. El encarecimiento de la cesta de la compra coloca a no pocas familias en el filo de llegar a final de mes o no poder hacerlo. Un riesgo sobrevenido de desigualdad al que el Gobierno y el resto de ejecutivos concernidos no deben permanecer ajenos en esta coyuntura de recuperación post-covid.

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