La inflación sigue desbocada al acumular un aumento del 5,5% en el último año por el brusco encarecimiento de la electricidad, los carburantes y el gas. Su inquietante escalada sin freno explica la impotencia del Gobierno ante un aumento de precios global y ante ... factores domésticos que tampoco controla. Además, permite constatar hasta qué punto la UE elude encauzar la competencia entre sus distintos socios hacia una política común en materia energética. La negativa de diez países –con Alemania y Holanda a la cabeza– a afrontar el fuerte ascenso de la luz mediante la compra compartida de gas y otras acciones de urgencia demuestra que algunos de sus miembros se sienten seguros de sortear en solitario esta delicada situación y no ven preciso contribuir solidariamente a sacar de tan serio apuro a otras economías nacionales más endebles.

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La carestía de la electricidad y el IPC cuestionan el maniqueísmo con que se reitera la tesis de que hubo una política pública austericida frente a la crisis financiera de 2007-2008, y otra radicalmente distinta frente a la covid y para la reactivación posterior. Del mismo modo que nadie preveía la trágica aparición del coronavirus, tampoco se le dio importancia a la eventualidad de que la recuperación pudiera truncarse a causa de la inflación generada por el empuje de la demanda en la salida de la pandemia. El mismo día en que la EPA certificaba que la ocupación en España recuperaba los 20 millones de personas previos a 2008, el IPC enfriaba el entusiasmo sobre un mercado de trabajo que no debería conformarse con volver a hace trece años despreocupándose de la calidad del empleo.

El BCE se muestra confiado en que las presiones sobre los precios disminuirán en unos meses y sigue actuando de contrapeso con sus compras. Pero la presunción de que la inflación récord desde hace 29 años responde a una coyuntura necesariamente efímera obedece más a una visión lineal y optimista del crecimiento económico que a indicadores que lo avalen con la seguridad que se esfuerza en encarnar Christine Lagarde. Aunque lo más preocupante del IPC es que parece invitar a los responsables institucionales a jugar un papel de meros espectadores de lo que sucede con él y con sus efectos sobre las pensiones, el ahorro familiar, los salarios sujetos a convenio o los contratos de alquiler, a la espera de que pasen las turbulencias y cuadren sus respectivos balances políticos.

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