Precios demasiado altos

España era el país de la Unión con un IPC más bajo al cierre de 2022: el 5,6%, según el índice armonizado que publicó ayer Eurostat. El presidente Sánchez declaró que nuestro diferencial con el resto de la Unión responde a la eficacia demostrada por las medidas desplegadas por el Gobierno para ayudar a las personas y familias en mayor vulnerabilidad. Esas acciones explican sin duda, al menos en parte, ese mejor comportamiento. Pero sus efectos necesitan ser explicados atendiendo también al diferente impacto del encarecimiento de la energía en las economías nacionales. Además, resulta imprescindible tener en cuenta la distinta capacidad de resistencia frente el embate inflacionario para valorar los méritos relativos de cada socio comunitario. Alemania, tradicionalmente estricto ante el alza de los precios, puede estar en igual situación de soportar un 11,3% que España con apenas la mitad.

El hecho de que la inflación subyacente –que excluye la energía y los alimentos frescos– sea entre nosotros superior a la general advierte de las debilidades de nuestra economía. Por lo que, siendo razonable alegrarse de que las familias españolas no tengan que pagar cifras más exorbitadas para dotarse de los bienes y servicios requeridos para mantener un bienestar compartido, conviene no jactarse en demasía de una tasa que, a pesar de todo, está tres puntos y medio por encima del canon del 2% que persigue como tope la ortodoxia del BCE. El problema es que a estas alturas los gobiernos no cuentan con los recursos y mecanismos para compensar los efectos de un IPC muy elevado si el crecimiento no se abre paso.