El precio de la electricidad en el mercado mayorista se situó ayer entre más de 200 euros/MWh y más de 300 al final de la tarde, multiplicando por seis el coste en ese mismo mercado el 13 de diciembre del año anterior. Todo ello ... próximo al récord del 7 de octubre. No son datos alejados de lo que está ocurriendo con la energía eléctrica en los demás países de la Unión Europea. Pero es evidente que la media final del año se situará muy por encima del precio de la electricidad en 2018, en contra de lo anunciado por Pedro Sánchez. Porque parece imposible que ese precio baje sustancialmente hoy y se desplome en los días que restan de 2021. La causa de tan serio problema para las familias y las empresas escapa del ámbito de responsabilidad directa del Gobierno. Es el coste del gas natural, es el coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono, es incluso el anticiclón de la semana que neutraliza la eólica, y son las perspectivas en el mercado de la electricidad en un entorno de grave tensión internacional. Tensión especialmente acusada por el conflicto que Rusia suscita en sus pretensiones de anular 'de facto' la independencia de Ucrania, empezando por arremeter contra su integridad territorial.
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Al tiempo que la dictadura bielorrusa de Alexandr Lukashenko amenaza con impedir al tránsito de gas natural de Rusia hacia la Europa libre. El Gobierno tiene razones sobradas para eludir la responsabilidad directa sobre la subida del precio de la electricidad. Incluso puede hacerse valedor de las intenciones de la Comisión Europea para ofertar a los 27 una compra conjunta de gas natural que pudiera rebajar la factura eléctrica mediante el establecimiento de reservas energéticas ubicadas regionalizando las necesidades de los países de la Unión. Proyecto que se dilataría en el tiempo, entre otros motivos por la resistencia de socios centrales de la UE a interferir de esa manera en el mercado energético. Aunque sea por su escepticismo sobre la utilidad real de la iniciativa propuesta desde Bruselas. Pero, cuando menos, el Gobierno de Sánchez debería admitir sus limitaciones, reconocer que existe un factor contrario al dibujo optimista de sus expectativas económicas y sociales, y tratar de corregir en lo posible la factura de la luz que llega a los hogares y empresas en dificultades a cuenta del erario. Todas las demás medidas, incluidas las europeas y no digamos las de impulsar recursos sostenibles, rendirán como pronto a partir de 2023.
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