El Gobierno de Pedro Sánchez y el Banco de España mantienen ostensibles discrepancias en materia de política económica. Coinciden, sin embargo, en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas que, con la inflación disparada, evite una espiral de precios y salarios que se retroalimente ... y derive en futuros efectos nocivos para la competitividad y el empleo. Se trataría de un reparto equilibrado de sacrificios entre trabajadores y empresas a partir de la asunción previa de que la guerra en Ucrania y el 'shock' energético que ha agudizado implican un empobrecimiento general. Las sucesivas crisis encadenadas desde 2008 han exigido profundos ajustes y dejado heridas aún visibles en el tejido productivo y social. Reclamar ahora esfuerzos adicionales será conveniente para mejorar los indicadores macro, pero resulta extremadamente impopular. Hasta el punto de que ninguno de los agentes afectados está por la labor en un clima de creciente descontento en las calles.
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Los sindicatos rechazan cualquier pérdida de poder adquisitivo, por lo que exigen vincular los salarios al IPC, que presumiblemente se moderará en unos meses. La patronal se niega en redondo a esa demanda, cuyo coste ve inasumible aunque se reparta en varios años. Sus posturas diametralmente opuestas han frustrado la renovación del acuerdo marco interconfederal, que suele servir de referencia en la negociación colectiva. En medio de un ciclo electoral, el Gobierno ni se plantea rebajar el aumento previsto de las pensiones, equivalente a la inflación media anual, aunque sí ha insinuado que los sueldos de los funcionarios subirán este ejercicio menos que los precios.
Nadie quiere ser heraldo de malas noticias. Pero eso no evita ni que estas se produzcan ni sus consecuencias. Una inflación fuera de control dificulta sobremanera la conservación del poder de compra, derrite el ahorro y penaliza los costes de las empresas y el consumo en el que se ha basado la recuperación económica. Es decir, pasa una desagradable factura, que no desaparece por eludir su existencia. Puede ser abonada en parte mediante cesiones razonables compartidas u otras que sean impuestas. O con futuros ajustes para rebajar una deuda y un déficit públicos aún más desbocados, que en algún momento deberán cumplir las reglas fiscales de la UE, ahora aparcadas. Esta crisis tampoco saldrá gratis a los ciudadanos. La cuestión es cómo y cuándo se paga.
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