El precio de la crisis

Los sindicatos rechazan cualquier pérdida de poder adquisitivo, por lo que exigen vincular los salarios al IPC, que presumiblemente se moderará en unos meses. La patronal se niega en redondo a esa demanda, cuyo coste ve inasumible aunque se reparta en varios años. Sus posturas diametralmente opuestas han frustrado la renovación del acuerdo marco interconfederal, que suele servir de referencia en la negociación colectiva. En medio de un ciclo electoral, el Gobierno ni se plantea rebajar el aumento previsto de las pensiones, equivalente a la inflación media anual, aunque sí ha insinuado que los sueldos de los funcionarios subirán este ejercicio menos que los precios.

Nadie quiere ser heraldo de malas noticias. Pero eso no evita ni que estas se produzcan ni sus consecuencias. Una inflación fuera de control dificulta sobremanera la conservación del poder de compra, derrite el ahorro y penaliza los costes de las empresas y el consumo en el que se ha basado la recuperación económica. Es decir, pasa una desagradable factura, que no desaparece por eludir su existencia. Puede ser abonada en parte mediante cesiones razonables compartidas u otras que sean impuestas. O con futuros ajustes para rebajar una deuda y un déficit públicos aún más desbocados, que en algún momento deberán cumplir las reglas fiscales de la UE, ahora aparcadas. Esta crisis tampoco saldrá gratis a los ciudadanos. La cuestión es cómo y cuándo se paga.