Pragmatismo autonómico

Los presidentes autonómicos cerraron 2020 con discursos coincidentes en cuanto al doble desafío que la pandemia continúa suponiendo para el país: hacer frente a la emergencia sanitaria mediante la inmunización por vacunas mientras se mantienen las medidas de contención de la epidemia, e impulsar la recuperación económica y social gracias a las ayudas europeas. Junto a ello los presidentes autonómicos finalizaron el año con mensajes de moderación y unidad que serán cruciales para afrontar las incertidumbres que acompañarán a 2021. Aunque la confrontación excesiva afecte al conjunto de las relaciones políticas e institucionales, parece atenuarse en el seno de cada comunidad autónoma. Ámbito en el que el diálogo entre partidos, el pragmatismo y el entendimiento con la Administración Central se abren paso con más facilidad que en el Congreso de los Diputados. También por eso la aportación de las autonomías a la gobernabilidad y al progreso de España adquiere especial relevancia en estos momentos, porque a las bondades de la descentralización política y legislativa se le suma una manera menos ideologizada o partidista de hacer del ejercicio de la democracia representativa una fuente de libertad y bienestar para todos. Es cierto que la concurrencia de autogobiernos territoriales en el Estado compuesto genera tensiones, inequidades o disfunciones. Pero las manidas referencias a una calamitosa situación –a cuenta sobre todo de la crisis duradera de estabilidad en Cataluña y desde Cataluña– resultan injustas para la generalidad del hecho autonómico, que aporta más sensatez que radicalidad a la política española. Ahora solo cabe esperar que tanto la campaña electoral catalana y la conformación de gobierno para la Generalitat converjan respecto a la vertebración de una España poscovid. Y que el Estado constitucional no se vea obligado a pagar peaje para contentar a un independentismo supuestamente más amigable. La trabajosa armonía de aspiraciones y esfuerzos entre las distintas autonomías y entre éstas y el Gobierno central se enfrenta en 2021 a dos pruebas de enorme calado. El desarrollo de una campaña de vacunación que adquiera un ritmo vivo con una provisión justa del producto requerido, mientras las administraciones públicas mantienen la tensión ante una posible tercera ola. Y una distribución territorialmente equilibrada del Fondo Next Generation, sin que reivindicaciones localistas afecten a la solvencia y racionalidad de los proyectos.