Poner límites a la interinidad

Uno de los problemas crónicos que se encontró a su llegada el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, es la elevada temporalidad de los funcionarios, que en determinadas áreas supera el 40%. Ya en marzo se marcó el objetivo «ideal» de que la tasa de temporalidad sea como máximo del 8% en la Administración General del Estado y se logre para el conjunto de las administraciones públicas en un plazo de tres años. Ahora se ha hecho público el primer borrador intercambiado con los agentes sociales: en él se dispone que transcurridos tres años desde el nombramiento del interino se producirá su cese sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año. Asimismo, el personal interino no obtendrá el reconocimiento de la carrera profesional hasta que adquiera la condición de funcionario de carrera. La nueva norma no se aplicará a quienes ya son funcionarios interinos sino que se plantea para estimular la convocatoria periódica de oposiciones, con lo que se eviten situaciones de dejación como las actuales, en las que innumerables interinos se mantienen indefinidamente en un limbo. El sector público requiere más reformas, pero es plausible que se emprenda una de las más necesarias.