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La justicia española, que goza de acreditado prestigio cuando se ocupa de resolver los conflictos corrientes, ha de enfangarse con excesiva frecuencia en episodios políticos de baja calidad. La politización de la justicia se ha convertido en un arma. Uno de los clientes impropios más frecuentes de la justicia es Podemos, la organización de Pablo Iglesias, que tiene cierta facilidad en verse envuelta en episodios desconcertantes. Este año se le han abierto dos frentes a los morados: el 'caso Dina', la pieza del 'caso Villarejo' que investiga el robo del teléfono móvil en 2015 de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, con la supuesta finalidad de desacreditar al partido y que está teniendo un extraño recorrido; y la denuncia que el exabogado del partido José Manuel Calvente ha interpuesto contra la formación por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. Como era imaginable, la dos cuestiones, complejas y de difícil digestión por la opinión pública, han desatado un potente vendaval entre Podemos y sus adversarios. En cualquier caso, aun admitiendo la presunción de inocencia, el electorado no merece este espectáculo insolvente, de resultado incierto, que agita a una parte de la clase política.
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