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Miguel Herreros
Platos rotos

Platos rotos

Editorial ·

El sector hostelero visibiliza su malestar el mismo día que se conoce un auto judicial contra el cierre de locales en el País Vasco

Miércoles, 10 de febrero 2021, 07:54

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se inclinó a favor de las demandas de las asociaciones de hosteleros contra las medidas adoptadas por su Gobierno autonómico para el cierre de sus establecimientos en las localidades en zona de máxima transmisión del coronavirus. El ... fallo se conoció el mismo día que los empresarios de la hostelería riojana, como los de otras partes del país, salían a la calle y, en señal de protesta, hacían añicos cientos de platos con los que pretendían simbolizar la situación en que temen que quedará el sector. Más allá de las iniciativas legales que tomen ahora los hosteleros de cada autonomía y de la forma en que las resuelvan sus tribunales, porque la resolución del TSJPV no sienta jurisprudencia, el contenido del auto no contiene una carga suficiente de evidencias que pudiera sugerir su inmediata trasposición a otro ámbito geográfico, como puede ser el de La Rioja. El auto del tribunal vasco admite que no hay evidencias de que bares, cafeterías y restaurantes sometidos a las condiciones de aforo y distanciamiento entre los clientes den lugar a un «riesgo cierto y grave para la salud pública». Pero el problema surge cuando, casi siempre de manera ajena a los responsables del establecimiento, se incumplen algunas o todas esas medidas; y se agrava en las dinámicas en torno a una mesa en la que se prescinde de mascarillas durante más tiempo que el preciso para la ingestión. Asimismo, la resolución judicial señala los «encuentros y reuniones familiares» como focos del 80% de los contagios que tuvieron lugar en torno a Navidad, pero se remite en tal consideración al parecer de «una parte importante de los epidemiólogos». A primera vista, una mención demasiado vaga a la existencia de un criterio científico dominante en ese sentido, aunque tampoco las decisiones administrativas de restricción se basan en un dictamen científico unánime conocido. Por todos ello, la resolución judicial vasca debería obligar al Gobierno central y, en el caso que nos ocupa, a la Administración regional, a revisar sus pautas de actuación en esta lentísima remisión de la tercera ola. Y a plantearse la necesidad de llenar sus decisiones de argumentos científicos consolidados. Ello a la vez que apuran su imaginación tanto como sus recursos para procurar no tanto ayudas puntuales o subvenciones efímeras como la sostenibilidad futura de todo un sector, el hostelero, que ocupa a millares de personas en la región y genera indudable riqueza económica y social.

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