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La presidenta Concha Andreu desveló ayer las líneas maestras del anunciado Plan de Transformación de La Rioja (PTR), la herramienta de la que se dota «para acelerar la recuperación de la región» en la que califica como «una oportunidad inédita para impulsar de modo definitivo ... la modernización» de La Rioja. Un ambicioso proyecto llamado a manejar un presupuesto ingente, seguramente el mayor que un solo departamento del Ejecutivo regional ha gestionado jamás. Y un no menos codicioso objetivo que, en palabras del hombre escogido por Andreu para liderarlo, José Ignacio Castresana, pone en el horizonte próximo de media docena de años avances que en circunstancias normales habrían requerido el mucho más largo plazo de «15 o 20» anualidades. Paradójicamente, el mecanismo ideado para «lograr la mayor capacidad posible de absorción y ejecución de fondos», la llamada Delegación de la Presidencia para el Plan de Transformación, nace al margen de los rigores del Consejo de Gobierno. Un detalle tan excepcional como este Plan que a la propia Andreu corresponde aclarar para evitar especulaciones por ignorancia o por falta de mejor explicación que un párrafo en el documento de presentación del PTR que se refiere a la reducción de «la carga burocrática» y a la consecución de «unos plazos y procedimientos que combinen la seguridad jurídica y el control de la gestión con la necesaria flexibilidad» como objetivos de su creación.
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