Un plan en construcción

El Ejecutivo trata así de mostrar su certeza de que contaremos con una vacuna efectiva en el plazo de entre uno y dos meses, validada como tal por la Agencia Española del Medicamento, para transmitir a la opinión pública un mensaje de optimismo. Pero también para ir convenciendo a los ciudadanos sobre la conveniencia de inoculársela en la seguridad de que aportará infinitamente más beneficios que los eventuales riesgos que pudiera acarrear. El plan de vacunación depende de por cuál de los productos disponibles opte el Ministerio de Sanidad como autoridad competente en la materia, sin que quepa descartar la eventualidad de que se suministre distintas vacunas a diferentes grupos sociales. De hecho, la UE tiene firmados ya cinco contratos con otras tantas compañías farmacéuticas y se ampliará la gama.

Además, el proceso de inmunización colectiva requerirá una campaña muy prolongada –algunas de las vacunas anunciadas precisan dos dosis–, será necesario realizar un seguimiento muy riguroso de posibles efectos adversos y todavía no se conoce hasta qué punto cada una previene la infección a los demás. Todo lo cual se suma a los problemas de fabricación, mantenimiento y logística de un producto tan delicado. España cuenta con una amplia red de Atención Primaria. Pero la tensión a la que se ha visto sometida y sus propios límites en cuanto a recursos humanos y materiales exigirán que el plan de vacunación contra el COVID-19 contemple un reforzamiento sin ambages de sus disponibilidades actuales durante todo 2021. Entre otras razones, porque hasta que sea inmunizada gran parte de la población el coronavirus continuará transmitiéndose.