El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a aprobar antes del pasado 31 de diciembre una reforma de las pensiones que asegure su sostenibilidad futura en puertas de la jubilación del 'baby boom', que disparará el déficit del sistema. Incumplido ese plazo, el ministro ... Jose Luis Escrivá aspira a cerrar un acuerdo este mismo mes para eludir el riesgo de que Bruselas responda con una negativa a entregar a España en abril los 11.000 millones previstos de los fondos Next Generation, condicionados a ese cambio legal. Tal eventualidad supondría un revés económico de primera magnitud y un mayúsculo varapalo político para el Ejecutivo en un año electoral. Pocas dudas admite la necesidad de reforzar los ingresos y contener el gasto previsto según una pirámide demográfica con la que crecerán los beneficiarios de las prestaciones, mientras se reducirán los ciudadanos en edad de trabajar que las financian con sus cotizaciones. El problema estriba en que la búsqueda de un cierto equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social implica la adopción de medidas impopulares. Es de esperar que al final se imponga el sentido común.
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La división en el Ejecutivo sobre la ampliación a 30 años del período para calcular la cuantía de las pensiones –ahora son 25–, de los que se podrían descartar los dos peores, es el principal obstáculo. Unidas Podemos se opone frontalmente. Ese ajuste, prometido por Escrivá a la Comisión y que suscita recelos en CC OO y UGT, reduciría ligeramente el importe de las nuevas prestaciones. El aumento de las bases máximas de cotización en un 30 % adicional a la inflación hasta 2050 –rechazado por la patronal y que los sindicatos querrían elevar– es insuficiente, junto a otras acciones menores programadas, para compensar los 3,5 puntos de PIB que crecerá el gasto en ese periodo.
La reforma carece por ahora de una mayoría política suficiente para ser aprobada y del apoyo de los agentes sociales. El Gobierno, sin apenas tiempo y con un margen de negociación muy escaso, erró al separar la actualización de las pensiones con el IPC de las medidas ingratas que sabía ineludibles para cuadrar las cuentas. Aún así, resulta inimaginable cualquier alternativa distinta a un acuerdo respetuoso con los derechos de los jubilados actuales y futuros, y que pueda ser aceptado por Bruselas. Hay demasiado en juego como para que no se impongan el realismo y el sentido de la responsabilidad.
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