El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley con las primeras medidas de reforma del sistema de pensiones, que será remitido al Parlamento para su tramitación. La reforma elimina los aspectos más polémicos de la anterior normativa de 2013 –una subida anual de ... las pensiones limitada al 0,25% en situaciones de déficit del sistema y el factor de sostenibilidad, que ajustaba la cuantía en función de la esperanza de vida— y consagra el criterio del mantenimiento sistemático del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la actualización anual con el IPC (del año anterior a partir de ahora). Los cambios introducidos obtuvieron el consenso del Pacto de Toledo y han sido convalidados por los agentes sociales, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. En definitiva, la norma en ciernes consagra el criterio universal de que los jubilados no podrán empobrecerse ni siquiera en las coyunturas adversas. Es difícil no concordar con este principio de equidad social.
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Este planteamiento, ulterior a otras reformas que liberaban al sistema de pensiones de los llamados gastos impropios, y entre ellos de financiar las pensiones no contributivas, que se cargan a los Presupuestos Generales del Estado, introduce un nuevo criterio de sostenibilidad. También se incorporan factores de equilibrio para aproximar la edad real de jubilación a la edad legal: se incentiva poderosamente el retraso de la edad de jubilación (la pensión aumenta un 4% por ejercicio suplementario trabajado) y se penalizan y obstaculizan las jubilaciones anticipadas. Tal cambio es coherente con el incremento de la esperanza de vida y deberá modularse en función del tipo de profesión, otorgando un trato especial a las que causen un singular desgaste físico. Todavía no se ha negociado el factor de equidad intergeneracional, que debería acordarse en el diálogo social antes del próximo 15 de noviembre y que será introducido como enmienda dentro del proyecto de ley.
Estas medidas, que como se ha dicho tendrán un complemento posterior, son el primer pilar de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero lo principal es que estas decisiones, junto con las que se tomen más adelante, sirvan para sostener de forma justa y equilibrada el sistema de pensiones.
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