Al Gobierno se le agota el tiempo para cumplir su compromiso con Bruselas de aprobar este mismo año una segunda fase de la reforma de las pensiones destinada a garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. De ella depende la entrega de ... las millonarias ayudas europeas para modernizar el tejido productivo, a las que España no puede renunciar. Afrontar el déficit estructural de la Seguridad Social en un contexto de paulatino envejecimiento de la población y con la generación del 'baby boom' a punto de jubilarse obliga a un aumento de los ingresos y a contener el gasto, lo que irremediablemente tendrá costes de una u otra índole. El ministro José Luis Escrivá ha optado por una discutible estrategia, que se le ha vuelto en contra hasta el punto de que ahora que aprieta el reloj no cuenta ni con el apoyo de los agentes sociales ni con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su plan. En la primera parte del proceso garantizó el poder adquisitivo de las prestaciones al vincularlas al IPC y eludió cualquier medida impopular, que dejó para este momento, en puertas de un año electoral. Ligar unas y otras habría facilitado la negociación.
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Los sindicatos se resisten a ampliar de 25 a 30 años el periodo para calcular las pensiones, lo que reduciría el importe de las nuevas, aunque el descarte de los dos menos favorables limitaría ese impacto y beneficiaría a quienes hayan tenido lagunas en su carrera laboral. La patronal rechaza la subida de las bases máximas de cotización en un 30% adicional a la inflación, que elevaría las aportaciones de las empresas y de los trabajadores afectados. La propuesta no suscita consenso ni siquiera en el Ejecutivo de coalición. Unidas Podemos se ha desmarcado de ella.
El gasto en pensiones pasará del actual 12% del PIB al 15,5% en 2050. Ese crecimiento ha de ser compensado siquiera parcialmente con algún tipo de ajustes para asegurar la viabilidad del modelo con unas prestaciones dignas sin poner en riesgo otras políticas sociales. Hubiese sido preferible un debate sosegado en busca de un amplio acuerdo. Escrivá ha mostrado las cartas más comprometidas con un escaso plazo y con elecciones a la vista, un momento que dista de ser el más propicio para las cesiones que implica cualquier pacto. Es hora de actuar con responsabilidad y de huir tanto de la demagogia como del catastrofismo con una reforma cuyo contenido podrá variar, pero requerirá inexorablemente algún sacrificio.
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