Pensiones contrarreloj

Los sindicatos se resisten a ampliar de 25 a 30 años el periodo para calcular las pensiones, lo que reduciría el importe de las nuevas, aunque el descarte de los dos menos favorables limitaría ese impacto y beneficiaría a quienes hayan tenido lagunas en su carrera laboral. La patronal rechaza la subida de las bases máximas de cotización en un 30% adicional a la inflación, que elevaría las aportaciones de las empresas y de los trabajadores afectados. La propuesta no suscita consenso ni siquiera en el Ejecutivo de coalición. Unidas Podemos se ha desmarcado de ella.

El gasto en pensiones pasará del actual 12% del PIB al 15,5% en 2050. Ese crecimiento ha de ser compensado siquiera parcialmente con algún tipo de ajustes para asegurar la viabilidad del modelo con unas prestaciones dignas sin poner en riesgo otras políticas sociales. Hubiese sido preferible un debate sosegado en busca de un amplio acuerdo. Escrivá ha mostrado las cartas más comprometidas con un escaso plazo y con elecciones a la vista, un momento que dista de ser el más propicio para las cesiones que implica cualquier pacto. Es hora de actuar con responsabilidad y de huir tanto de la demagogia como del catastrofismo con una reforma cuyo contenido podrá variar, pero requerirá inexorablemente algún sacrificio.