El Gobierno está preparando una reforma del sistema de pensiones que cumpla el requisito, consensuado en el Pacto de Toledo, de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, lo que obliga a realizar una indexación anual con el IPC. Se trata de evitar la lenta pero persistente caída en los últimos tiempos, que ha sido de 422 euros por pensionista en una década. Sin embargo, la necesidad de controlar este capítulo abultado del gasto público ha llevado al ministro José Luis Escrivá a proponer una fórmula conservadora que evita los incrementos de poder adquisitivo. Así, las pensiones subirán cada año con la inflación media de diciembre del ejercicio anterior a noviembre del actual. Y si resultara que al final del ejercicio la inflación fuera negativa, esta caída sería compensada a la baja en los siguientes tres años. Se trata de que el pensionista mantenga constante el poder adquisitivo toda su vida. Parece razonable aceptar el principio de la estabilidad de la prestación en el tramo de las pensiones más altas, pero no en el de pensiones más bajas, que son manifiestamente insuficientes para sostener dignamente al pensionista que las recibe y que habría que elevar cuando la coyuntura económica lo permita.

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