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Gobierno, sindicatos y patronal alcanzaron ayer un principio de acuerdo para la primera gran reforma de las pensiones públicas: la cuantía de las prestaciones se revalorizará conforme al IPC, se liberará a la Seguridad Social de soportar gastos impropios y la vida laboral de los ... trabajadores se alargará para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. La subida de las bases máximas, el aumento del periodo para calcular la prestación, que los autónomos coticen por sus ingresos reales y los planes complementarios de pensiones se han dejado para una segunda fase. Se ve que iban servidos con la primera, de la que lo más destacado es la eliminación del 'factor de sostenibilidad' establecido por Rajoy para rebajar la cuantía mensual de la pensión en función de los años de esperanza de vida del jubilado: más vives, menos cobras. Este mecanismo se creó en 2013, tendría que haber entrado en vigor en 2019, quedó suspendió hasta 2023 y, finalmente, ayer se derogó. Concretemos. Se ha derogado su definición, porque no más allá de noviembre los mismos contratantes de ayer deberán consensuar un nuevo sistema 'de equidad intergeneracional' –a Bruselas poco le importa cómo se llame al perro, siempre que lleve el mismo collar– para que esté operativo a partir de 2027.
En consecuencia, y por lo que se refiere a este asunto, lo que se ha logrado en el primer paquete reformador es evitar que un ajuste tan impopular amargue a Sánchez el final de esta legislatura.
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