La elección ayer de Dolores Delgado para ocupar la jefatura fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, gracias al aval decisivo de su sustituto al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García, vuelve a envolver en la polémica a quien fue ... primero ministra de Justicia y, a renglón seguido, máxima responsable del Ministerio Público. Delgado concurría a la plaza junto a una veintena de candidatos, algunos con mayor trayectoria o antigüedad, aunque una convención no escrita viene situando en el alto tribunal a los exfiscales generales. Su delicada posición, al aspirar al Supremo sin ser fiscal de sala, puede suscitar un debate recurrente sobre el futuro profesional de quienes vuelven a su oficio tras desempeñar responsabilidades institucionales. Pero ese vacío no se resolvía, como pretendió el PSOE fallidamente, forzando un cambio legal utilizando por la puerta de atrás la Ley Concursal. Esa controversia alimentó la que acompaña a Delgado, enfrentada a la mayoría del consejo fiscal que ayer decidía los nuevos nombramientos, desde que el presidente Sánchez cometió la imprudencia –y ella al aceptar– de situarla al frente de la Fiscalía General desde el Ministerio de Justicia.
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