Pasividad y soberbia

La insistencia de Podemos en asegurar el principio de consentimiento es la última cortina de humo de los morados. Como lo es presentar un plan urgente de medidas de protección hacia las víctimas como alternativa al fiasco y no como iniciativa con valor propio. Pero lo más increíble del caso es que, después de tantas revisiones de penas avaladas por el Supremo, once tribunales superiores autonómicos y treinta audiencias provinciales, la ministra de Igualdad y sus próximos en el Consejo de Ministros y en el Congreso sigan imputando el desaguisado al machismo dominante en la judicatura. Situación favorecida por la resistencia de Sánchez a tomar cartas en el asunto. Mientras sus ministras, ministros y portavoces insisten ahora en que elaboran y negocian una proposición con la otra parte de la coalición que sea «rigurosa». Antes de que Alberto Núñez Feijóo ofreciera formalmente el apoyo parlamentario del PP a la modificación de la ley, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había rechazado la participación de los populares en una iniciativa a favor de las mujeres.

El tiempo que se tarde en la reforma no es inocuo. Podrá aplicarse únicamente a los delitos que se cometan a partir de su entrada en vigor. Todos los anteriores –juzgados, procesados, pendientes de instrucción o desconocidos judicialmente– estarán sujetos a la norma vigente hoy. Podemos no quiere verse impugnado. Evitar el reproche para salvar la coalición seguirá pesando sobre el Gobierno en su conjunto. Especialmente si, para eludir los informes preceptivos, el cambio legislativo adopta la forma de una proposición de ley pactada entre sus socios sometiendo lo jurídico a lo político.