Pasarse de frenada

Cabría pensar que sus palabras del lunes y de ayer por la mañana obedecieron a un desliz inercial. Pero lo ocurrido invita a interpretar la literalidad de sus frases como expresión de una presunción deliberada. La réplica a acusaciones de pasividad ante posibles vulneraciones de la legalidad en Cataluña. Los pronunciamientos de Sánchez tergiversaron el funcionamiento real de nuestro Estado de Derecho, como ayer denunciaron las tres asociaciones representativas de los fiscales. Ni el Gobierno puede «traer a Puigdemont», ni la jactancia de supervisar a la Fiscalía tiene cabida en la Constitución.

Que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de nombrar al Fiscal General en ningún caso significa que pueda instruir a su titular; mucho menos para ordenar la adopción de tal o cual iniciativa en concreto. La discusión partidaria sobre las medidas institucionales a adoptar ante la crisis catalana no debe convertirse en una suerte de competición al margen del marco constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pedro Sánchez ha incurrido en un doble error, independientemente de los efectos electorales que acarree su pretenciosidad gubernativa.

Por una parte, da argumentos a quienes -y no sólo desde el secesionismo catalán- tratan de presentar nuestro sistema de libertades como una democracia de muy baja calidad, en la que jueces y tribunales obedecerían al dictado del poder político. Eso que los responsables de la Generalitat tildan de «sistema represivo». Por la otra, concede a quienes serían objeto de las 'requisitorias' de Sánchez, autoexiliados en otros países de la UE, una baza que podría resultar definitiva para su defensa ante las respectivas instancias judiciales. Que el Reino Unido considerase ayer «desproporcionada» la orden de detención contra la exconsejera de Educiación Clara Ponsatí da cuenta del flaco favor que las palabras de Sánchez han hecho a sus pretendidos propósitos.