Pasaporte COVID

En el procedimiento de decisión, que requerirá del parecer final del Parlamento europeo, se entremezclan consideraciones de muy diversa índole que convendría diferenciar. Es necesario garantizar que la vacunación expedida a modo de certificado preserve los derechos fundamentales de las personas no inmunizadas sin enjuiciar las causas o razones de su situación u opción personal y sin que ello pudiera eximirlas de cumplir las medidas de prevención sanitaria legalmente establecidas para el acceso a cada país en condiciones de total libertad de movimientos. En segundo lugar, solo el acceso universal efectivo a la vacunación permitiría extender un pasaporte distintivo a quienes demuestren su protección frente al virus. En otros términos, el pasaporte COVID adquirirá mayor carta de naturaleza a medida que la dotación de viales y su administración alcancen a más grupos de población. En ningún caso cabe negar el regreso a una normalidad con medidas preventivas, a una movilidad sujeta a impedir la transmisión epidémica, a aquellas personas que hayan recibido y asimilado las dosis necesarias para verse inmunes frente al desarrollo de patologías asociadas al COVID. Para ello no bastará con mantener las pautas generales vigentes. Deberán flexibilizarse ante una vacunación progresiva que no ha de percibirse como privilegio particular, sino como un bien común.

El Gobierno de Pedro Sánchez se precipita cuando insiste en prescindir del estado de alarma después del 9 de mayo. Sería más sensato desde el punto de vista sanitario, y más inteligente desde el económico, asegurar el verano apurando posibles restricciones al menos hasta mediados de junio. Un tiempo propicio para que España madure su receptividad ante el pasaporte COVID mientras avanza en la vacunación de los nacionales.