El 9 de junio, el Ministerio de Trabajo sufrió un virulento ciberataque que afectó especialmente a la Inspección, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Fogasa, y que todavía no ha sido reparado. En marzo, el SEPE ya había sufrido ... un ataque semejante, mediante un virus del tipo Ryuk. Tras la primera agresión se adoptaron ciertas medidas protectoras que han resultado inútiles. Esta situación significa que las operaciones que se realizan en estas dependencias de Trabajo se hacen a la vieja usanza, con papel y lápiz. Pese a ello, el Ministerio de Trabajo asegura que las denuncias y expedientes se desarrollan con completa normalidad, algo que parece escasamente verosímil y que los funcionarios desmienten. Los inspectores se quejan de que han de hacer las inspecciones a ciegas, sin conocer a priori la situación de la empresa que se disponen a fiscalizar. Los movimientos laborales vinculados a la pandemia han forzado la máquina de la administración, que está casi totalmente colapsada. Produce estupor que en un Estado moderno pasen estas cosas, que explican la lentitud de nuestra burocracia, la inaccesibilidad estos meses de la Seguridad Social y la dificultad de cualquier gestión en oficinas públicas.
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