El estado de alarma por emergencia sanitaria confiere al Gobierno central una autoridad excepcional, tanto respecto a las competencias que asume ante las demás instituciones, como en cuanto a libertades y derechos individuales y de empresa. Esa excepcionalidad será prorrogada por segunda vez en el ... Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno. Pero las urgencias del momento y la necesidad de incrementar la operatividad de la Administración frente a la pandemia no pueden ir en menoscabo de la naturaleza parlamentaria de nuestro sistema democrático. Es esencial que funcionen el Congreso y el Senado, y las Cámaras legislativas autonómicas. Era imprescindible que se reactivaran las sesiones de control como se va a hacer a partir de la próxima semana. Es esencial que el estado de alarma cuente con mecanismos de contrapeso entre poderes democráticos que no pueden verse reducidos a la preeminencia del Ejecutivo. La orden de confinamiento general revela la gravedad de la situación. Pero no puede servir de argumento para desdeñar ni el control parlamentario sobre la acción de gobierno, ni la máxima transparencia sobre lo que sucede, ni el contraste preciso respecto a los planes inmediatos. No es casual que la 'hibernación' parlamentaria haya coincidido con un sinfín de comparecencias públicas en las que las preguntas de los periodistas debían ser remitidas de antemano para su selección, y aun hoy no hay margen para repreguntar. Ayer mismo, la ministra portavoz María Jesús Montero insistió, tras el Consejo de Ministros, en sortear las preguntas sobre el aislamiento anunciado de los asintomáticos o sobre la posible obligación del uso de mascarillas, deplorando que se especule ante la pandemia. Cuando ha sido el propio Gobierno la fuente de todas esas informaciones. El estado de alarma puede inducir en sus gestores la convicción de que toda pregunta parlamentaria o el cuestionamiento de cualquier actuación van en contra de la «unidad» requerida, y de la eficacia en el abordaje de la pandemia. Como si las dudas y las eventuales críticas debieran ser también confinadas en el silencio. Cuando el contraste de pareceres ante el debate que mantienen los expertos, el señalamiento de las contradicciones en que pueda incurrir la «autoridad competente», y la exigencia de datos fiables, siempre contribuirá a mejorar la estrategia pública frente al Covid-19. Sería imposible alcanzar un acuerdo de país sin reactivar la vida parlamentaria.
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