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Cuando escribí esto pendía sobre La Rioja la amenaza de otro confinamiento, lanzada por la 25ª ministra de Sanidad en cuarenta y cuatro años y 4ª de Sánchez en tres. (Es una tradición muy de la democracia: en ocho años de II República se sucedieron ... dieciocho ministros, mientras en la dictadura franquista no hubo ni ministerio; de esas cosas se encargaba el de Gobernación). El motivo del castigo sería la elevada incidencia de COVID-19 y el arma una Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), con el voto favorable del Gobierno riojano.
Tras reinstaurar el Ministerio de Sanidad en 1977, las transferencias de competencias a las comunidades autónomas lo dejaron con lo puesto, un feo edificio en el Paseo del Prado. Pero, como cada territorio iba por libre, en 1987 se creó el CISNS con idea de «cohesionar» la asistencia sanitaria, o sea, de procurar, por ejemplo, que un vasco no tuviese más y mejores prestaciones que un riojano. De su fértil seno fueron surgiendo comités para abordar aspectos asistenciales concretos con los representantes autonómicos. Un servidor participó durante doce años en uno de ellos, el Comité Técnico Asesor sobre Prestación Ortoprotésica como experto designado (no remunerado) por el Ministerio. Dos veces al año nos sentaban a una mesa enorme adornada con las diecisiete banderitas y nos servían café y pastas durante las interminables discusiones sobre la inclusión o exclusión de ortesis y prótesis como prestaciones públicas, en las que muchas veces primaban los criterios políticos sobre los técnicos, según el color del partido gobernante en cada territorio. Era como el 'congresito' del lumbostato, la silla de ruedas, el audífono o la prótesis de pene.
Como el Ministerio no tenía competencias, las resoluciones del CISNS solo podían ser recomendaciones no vinculantes. Pero, ante el desmadre autonómico, invocando la ley del Régimen Jurídico del Sector Público (2015), el Gobierno ha pretendido convertirlas en normas obligatorias incluso para las comunidades que voten en contra. Con el BOE de hoy en la mano habría que restringir e incluso confinar La Rioja, pero a ver quién es la guapa que se atreve a dinamitar el acueducto de San Bernabé. Así que por un lado tenemos a una ministra del Reino ensoberbecida, intentando recuperar competencias por la puerta de atrás y reculando por orden judicial, y por otro a una virreina regional desatacando la chapuza legal parida a tal efecto, tras haber votado a favor de su aplicación obligatoria. Eso sí, con la venia de la poncia y amparada por una cláusula de rescate que permite pasársela por las horcajadas por las «especificidades» de esta región. Como no ser Madrid, por ejemplo. Menudos papelones. Perdón, papelonas.
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