En las grandes democracias parlamentarias occidentales, y la española es una de ellas, los roles están bien distribuidos. La mayoría desempeña el poder en tanto a las minorías les corresponden la contradicción y el control. La oposición, en fin, ha sido elegida para recordar que ... los problemas no tienen una única solución posible, para sugerir alternativas y para, en su caso, denunciar abusos o carencias en vía política o judicial. No es, pues, nada anormal que poder y oposición se enzarcen, que polemicen sobre el día a día del proceso político, que traten de atraer a la opinión pública para afianzar sus posibilidades de futuro. Pero también es innegable que poder y oposición tienen que entenderse. Bien porque así lo dispone la Constitución, bien porque así lo reclama el interés de Estado. La virulencia de la controversia debería conciliarse con el respeto personal y con la capacidad de honrar el mandato de la Carta Magna que regula la provisión de los cargos constitucionales. Y aquí, estamos al borde de los mil días de retraso en la designación de un nuevo CGPJ, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018. Hay otros ámbitos en que el consenso sería tan posible como conveniente; por ejemplo, la política exterior. PSOE y PP deberían meditar si esta situación tiene sentido.
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