El Gobierno ha aprobado este martes el paquete de ayudas sociales largamente anunciadas con las que tratará de paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra contra Ucrania nada más dé inicio 2023. A la espera de conocer en detalle el decreto que ... recoja tales medidas, el enunciado de todas ellas permite suponer que serán bien recibidas por los ciudadanos en tanto que alivien situaciones de especial necesidad, aunque sean insuficientes para superarlas. La supresión del IVA para todos los productos de primera necesidad, la extensión de un cheque de 200 euros para las familias con menos de 27.000 de ingresos anuales, la prórroga durante seis meses de los contratos de alquiler actuales, el mantenimiento de la rebaja impositiva sobre la energía y la ampliación de las ayudas para el uso del transporte público representan iniciativas que estaban en la mente de la población. Del mismo modo que la opinión pública era perfectamente consciente de que resultaba difícil sostener la bonificación universal de 20 céntimos por litro de carburante, cuando interesa sobre todo compensar a los profesionales cuyos consumos de combustible determinan la viabilidad de sus empresas.
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Pero el esfuerzo fiscal que representa este nuevo plan del Gobierno supone otros 10.000 millones para el erario, que entrañan –junto a las ayudas aplicadas hasta la fecha– una importante redistribución de los ingresos del Estado que, aun siendo temporal, exigiría debatir cuanto antes sobre los equilibrios sociales que han de mantener las cuentas públicas en 2023 y en adelante. No sea que la sucesiva adopción de medidas se convierta en una opción recurrente para las administraciones que haga perder la perspectiva sobre lo que debe ser una fiscalidad progresiva, justa y a la vez incentivadora del crecimiento económico.
Se echa además en falta un sistema de evaluación del impacto real que hayan podido tener las ayudas puestas en marcha con anterioridad, y aquellas que se habilitarán para 2023. Puesto que es imprescindible apreciar la eficacia real de cada iniciativa y la realización misma de las medidas decretadas antes y anunciadas ahora. Junto a ello es aconsejable que el Gobierno y las demás administraciones concernidas orienten sus esfuerzos de comunicación al cumplimiento de los objetivos previstos con las ayudas, y no a presentarlas como si su concesión fuese una baza política partidaria o de izquierdas, cuando lo que importa es que las familias y personas más necesitadas recurran a ellas cuanto antes.
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