Paliar la crisis

Pero el esfuerzo fiscal que representa este nuevo plan del Gobierno supone otros 10.000 millones para el erario, que entrañan –junto a las ayudas aplicadas hasta la fecha– una importante redistribución de los ingresos del Estado que, aun siendo temporal, exigiría debatir cuanto antes sobre los equilibrios sociales que han de mantener las cuentas públicas en 2023 y en adelante. No sea que la sucesiva adopción de medidas se convierta en una opción recurrente para las administraciones que haga perder la perspectiva sobre lo que debe ser una fiscalidad progresiva, justa y a la vez incentivadora del crecimiento económico.

Se echa además en falta un sistema de evaluación del impacto real que hayan podido tener las ayudas puestas en marcha con anterioridad, y aquellas que se habilitarán para 2023. Puesto que es imprescindible apreciar la eficacia real de cada iniciativa y la realización misma de las medidas decretadas antes y anunciadas ahora. Junto a ello es aconsejable que el Gobierno y las demás administraciones concernidas orienten sus esfuerzos de comunicación al cumplimiento de los objetivos previstos con las ayudas, y no a presentarlas como si su concesión fuese una baza política partidaria o de izquierdas, cuando lo que importa es que las familias y personas más necesitadas recurran a ellas cuanto antes.