Hechos y no palabras

El presidente Pedro Sánchez expuso ayer el calendario de vacunación que maneja el Gobierno, insistiendo en que 33 millones de españoles estarán inoculados para antes de agosto. Los «hitos» que señaló parecen hoy una serie de metas que invitan al escepticismo, dada la lentitud con ... que ha transcurrido el primer trimestre de la campaña. No porque resulte imposible que sean suministradas las vacunas contratadas desde el marco de la UE; o porque el sistema público de salud no sea capaz de administrarlas todas con prontitud. Es que los imponderables van más allá de los incumplimientos de las obligaciones contraídas por AstraZeneca. Tampoco vale de mucho comparar la tasa de vacunación en España con la de los otros socios europeos, cuando es toda la Unión la que se ha quedado atrás respecto al resto del mundo desarrollado. Solo la constatación de que se cumplan los objetivos fijados por Sánchez para este abril podrá acreditar la verosimilitud del calendario anunciado. Siempre a la espera de que las autoridades autonómicas certifiquen la viabilidad del plan. El compromiso de alcanzar una serie de metas de vacunación durante la primavera y el verano ofrece a la sociedad y a los sectores económicos más directamente afectados una perspectiva imprescindible a la hora de planear la reactivación de la vida personal, la reapertura o ampliación de negocios, la previsión de contrataciones y de líneas de financiación. En esa línea intensiva trabaja también La Rioja, donde 1.500 logroñeses mayores de 80 años recibieron ayer en Riojafórum la primera dosis frente al COVID. Sin embargo, para que los anuncios de Sánchez despejen el horizonte estival, su optimismo no debería soslayar el desafío inmediato de la cuarta ola. La esperanzadora llegada de millones de viales a partir de este mes no debería relajar la actitud institucional ni el comportamiento ciudadano frente a una incidencia acumulada que va a más. El presidente declaró que su propósito es no recurrir al estado de alarma una vez que el vigente expire el 9 de mayo. Pero se mostró inconsistente al transferir al Consejo Interterritorial de Sanidad la responsabilidad subsiguiente, dando por supuesto que los tribunales avalarán las decisiones del órgano de coordinación como «de obligado cumplimiento». Cuando la renuencia del Gobierno a legislar de manera específica ante la pandemia ha colocado al país entre el estado de alarma y las normas de salud pública, sin que éstas alcancen a prevenir cadenas de contagio.