Un país al límite

Si las circunstancias lo hubieran permitido, habría sido preferible mantener el pulso de la actividad al ralentí hasta donde ello fuese compatible con la protección de la salud pública, un bien superior que debe prevalecer por encima de todo. Es de suponer que las autoridades sanitarias han sopesado al máximo un cambio de criterio que pasará una costosa factura a la economía, pero hay que dar por bueno si reduce de forma significativa el avance del COVID-19 y evita el colapso de unos hospitales con escasa capacidad para resistir una sostenida avalancha de pacientes. No obstante, se sigue echando en falta una explicación digna de tal nombre acerca de un viraje que echa por tierra los mensajes oficiales de la última semana. El optimismo latente en ellos choca con esa medida y con los 838 muertos contabilizados ayer –un nuevo récord–, que ilustran sobre una situación extraordinariamente angustiosa, agravada por el injustificable retraso en la compra de material por la impericia e imprevisión del Gobierno.

El mando único de la crisis que ejerce Pedro Sánchez al amparo del estado de alarma no justifica que actúe de forma unilateral, sin pulsar la opinión de las comunidades, buscar su complicidad ni siquiera informales antes de adoptar decisiones de semejante calibre. De ahí que estén más que justificados los reproches que le lanzaron ayer el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Tan incuestionables son los excepcionales poderes que concentra el jefe del Gobierno como el error que supondría confundir la necesaria colaboración con un trágala.