¿Quién paga esto?

La cuestión tiene una perspectiva incierta pero no es baladí porque, aunque más discretamente hasta ahora, forma parte de la actualidad política en España con el anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social que recoge unos cambios basados en el aumento progresivo de la edad de jubilación, años de cotización y otras medidas. Sin duda, el desenlace francés, con una renta per cápita de más de un 40% por encima de la española, puede influir en la relación de fuerzas y resultado de las inquietantes modificaciones que se gestan en nuestro país.

Todo ello en un ambiente que podría denominarse «bonificador» y de proyectos abiertos fundamentados en la percepción de los fondos europeos 'Next Generation', que parecen ser la gallina de los huevos de oro para invertir en iniciativas y reformas que gozan del favor institucional pero generan escepticismo, desconfianza o quejas entre la opinión pública y sectores empresariales sobre la eficacia y transparencia en su gestión. Entre estas reformas, está la que afecta al ajuste de la prestación por jubilación para su sostenibilidad.

La desconfianza se basa, especialmente, en la eficacia y transparencia de hacia dónde se dirigen los fondos en un clima de «sociedad subvencionada», con crecientes bonos para paliar el coste de la gasolina o de algunos productos de la cesta de la compra, bonos de viaje, programas de transformación, etcétera, en medio de carencias importantes en salud, educación o infraestructuras de transporte, o la cuestionable ejecución de iniciativas y obras en curso. Da la impresión de acciones dirigidas más hacia lo superficial que hacia lo estructural y de progreso, cuando la inversión debe dirigirse a generar eficazmente riqueza para asegurar el bienestar social.

Si no es así, emerge la pregunta de Josep Plà cuando visitó Nueva York en 1954: «¿quién paga esto?» y apoya la idea de que el dinero común no es de nadie.