La empantanada guerra de Ucrania, una inflación fuera de control más persistente de lo esperado y la perspectiva de un brusco enfriamiento de la actividad acentúan la incertidumbre económica. Los esfuerzos desplegados por el Gobierno central y los autonómicos para aliviar a las familias y ... también a las empresas en dificultades por la espiral de los precios han sido fructíferos, pero tienen un recorrido limitado. El sombrío panorama a corto y medio plazo, en el que resulta prioritario devolver el IPC a niveles normalizados, hace deseable un gran acuerdo nacional con visión de futuro. El Ejecutivo y el Banco de España han defendido en los últimos meses, aunque con distintos grados de entusiasmo, un pacto de rentas para distribuir de forma equitativa unos sacrificios a los que nadie alude expresamente, como si eso los eliminara de la ecuación para salir de la situación delicada actual. Esa fórmula ha sido aparcada al primar sus propios intereses los actores que estaban llamados a explorar un entendimiento: la Administración y los agentes sociales.

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Poco futuro tiene un consenso de esa índole en un clima preelectoral como el que ya respira el país. Menos aún cuando el proyecto de Presupuestos que acaba de presentar el Gobierno ha resuelto algunas de las principales cuestiones que deberían ser objeto de un posible consenso, labrado con cesiones mutuas en busca de un delicado equilibrio entre el poder de compra, la estabilidad económica y la conveniencia de no añadir presión a la escalada de los precios. Es obligado que las cuentas de 2023 recojan la subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos. Pero, al haber sido elaboradas sin ni siquiera un intento previo de un gran pacto social, esa alternativa se esfuma al quedar casi vacía de contenido y por el nulo interés en rescatarla.

De las materias susceptibles de ser abordadas en ese proceso, está pendiente básicamente el incremento retributivo en el sector privado –y, en paralelo, los márgenes empresariales–, a expensas de una negociación colectiva con escasos avances por las diferencias entre sindicatos y patronal. Los convenios firmados en ella recogen de media ascensos muy inferiores a los previstos para las pensiones (8,5%) y los funcionarios (9,5% en tres años). Una realidad que refleja el desigual reparto del crecimiento de las rentas, mientras el coste de la vida se abre paso entre las principales inquietudes de los ciudadanos.

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