Un pacto a medias

El Gobierno obtuvo ayer el acuerdo con CC OO y UGT por un lado y CEOE y CEPYME por el otro para allanar la primera fase de la reforma del sistema de pensiones, que el Consejo de Ministros deberá someter a la consideración del Parlamento para ser aprobada antes de que finalice el año. Las pensiones se revalorizarán de acuerdo con la inflación media anual, asegurándolas cuando el IPC resulte negativo. La reforma se deshace del 'factor de sostenibilidad' que ligaba las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, inédito en cuanto a su aplicación, y que se verá sustituido por un 'índice intergeneracional' que las partes quedan pendientes de fijar. Con lo que especialmente los sindicatos se muestran satisfechos al asegurar la «suficiencia de las pensiones» en un plazo inmediato. El acuerdo se queda poco más que en incentivar, como ahora, la prolongación de la vida laboral por encima de la edad de jubilación. Y atenúa las penalizaciones vigentes para el retiro anticipado, excepto para aquellas personas que pudiesen aspirar a la percepción de la pensión máxima. Se apuesta en términos generales por que los trabajadores de menos de 68 años no puedan ser objeto de jubilación forzosa, aunque con excepciones sectoriales. Y queda expresa la intención de que las parejas de hecho accedan a la pensión de viudedad de manera análoga a aquellas a las que les hubiera unido el vínculo matrimonial, entre otros acuerdos. La sintonía entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos constituye un valor en sí mismo, atendiendo a las indicaciones del Pacto de Toledo. Aunque el ánimo de consenso y la dilación de las negociaciones ha llevado al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal a perder la oportunidad de ofrecer resultados de mayor compromiso. Por ejemplo, a la hora de fomentar la continuidad de la vida laboral. Pero, a la espera de aquellas propuestas que las tres partes maduren para completar la reforma del sistema a lo largo de 2022, las buenas sensaciones del acuerdo no pueden hacer olvidar que lo que el país se juega a medio y largo plazo es la sostenibilidad del sistema. Y que a cortísimo plazo corre el riesgo de no poder contener el déficit. La solución de que el sistema de Seguridad Social transfiera a los Presupuestos Generales –de las cotizaciones a los impuestos– un monto abultado de 'gastos impropios' puede aliviar en lo inmediato los costes laborales. Pero es engañoso olvidar que ello no rebaja la carga del conjunto de prestaciones sobre el erario de todos.