Otro pacto independentista

El preacuerdo entre ERC y Junts para gobernar la Generalitat en coalición y el apoyo «sin cheques en blanco» de la CUP a la investidura de Pere Aragonès anuncian el inicio de la nueva legislatura catalana. Pero no garantizan su estabilidad. Después de años en el poder juntos y separados, y tras consumir todo un trimestre en negociaciones infructuosas, el vértigo ante la convocatoria de otras elecciones ha precipitado un pacto que ambos partidos podían haber alcanzado en febrero. Con la única novedad de que el denominado Consejo para la República y Carles Puigdemont quedan al margen del diseño institucional suscrito, y los socios se intercambian las carteras que mantienen en funciones. Aunque, en el fondo, el documento concede a Waterloo, a la ANC y al universo gestado durante el 'procés' una autoridad paralela en el mantenimiento del ánimo independentista y, en esa medida, en la fiscalización soberanista de la acción de gobierno.

La presidencia parlamentaria de Laura Borràs tampoco ha ocultado su disposición a inclinarse del lado secesionista más radical. La compartimentación entre áreas de gestión y el marcaje mutuo entre los aliados –al que se sumará sin duda la CUP– no auguran cuatro años de armonía gubernamental. Máxime cuando ya se está librando la pugna que desembocará en los comicios locales de dentro de dos años, en la que ERC y Junts se enfrentan –ciudad por ciudad y comarca a comarca– más entre sí que a las otras formaciones parlamentarias.

El Gobierno de Pedro Sánchez denuesta obligadamente la alianza independentista porque deja de lado a Salvador Illa. Pero alberga expectativas de que Aragonès afiance los apoyos de ERC en el Congreso y conceda sentido político a la mesa de diálogo entre el Gobierno central y Cataluña, aunque la amnistía y la autodeterminación serán las señas de un marcaje independentista que los 'republicanos' no podrán eludir fácilmente. La Moncloa debería cuidarse de pretender 'normalizar' Cataluña a base de indultos que puedan forzar las cuadernas de la legalidad, el equilibrio entre los poderes del Estado. Los socios del nuevo Gobierno anuncian que compartirán la gestión de los fondos europeos, pero Junts se queda nada menos que con Economía y con Transparencia. Sería verdaderamente conflictivo que la Generalitat recabara para Cataluña recursos que sus nuevos dirigentes vindiquen en nombre de su singularidad, aunque sea a cambio de dilatar la agenda independentista.