Oxígeno independentista

El PSOE ha pactado esta noche con ERC la enmienda que completa la sustitución del delito de sedición por otro de desórdenes y rebaja las penas por malversación en los casos en que se haga un uso irregular de fondos públicos sin ánimo de lucro, ... lo que deja en el aire su empleo para financiar acciones contrarias a la legalidad constitucional. La iniciativa, acogida con reservas por Unidas Podemos, que aun así apoyará la proposición de ley final, no exime totalmente de responsabilidades a los cargos de la Generalitat que participaron en el 'procés', si bien favorece su reintegración en la vida pública. Esquerra la considera «una amnistía 'de facto'». La preocupación de que esa reforma pudiera acabar revisando sentencias ya dictadas e incentivar irregularidades posteriores ha llevado a miembros del Gobierno a insistir en el compromiso del socialismo contra la corrupción y a trasladar al ámbito judicial la eventualidad de que eso pudiera ocurrir. Pedro Sánchez empleó el domingo en Barcelona un argumentario sobrevenido para justificar esa propuesta. Según él, «no hay otro camino» para satisfacer su objetivo de «rescatar Cataluña del conflicto», para que «las disputas se resuelvan en el terreno de la política y no en los juzgados». Como si el Código Penal hubiese sido el causante de la desestabilización secesionista. Como si la situación de España urgiera esa reforma exprés. Es indudable que Cataluña está hoy mucho mejor que en 2017. Pero resulta falaz y ventajista concluir que ello se debe a los indultos o a los cambios en el Código Penal en aspectos nucleares de la sentencia del Supremo cuando la huida hacia adelante del independentismo no se habría frenado sin la aplicación de la ley, con el apoyo de los propios socialistas. Parece temerario suponer que, en virtud de las cesiones del Gobierno para asegurarse su apoyo, el secesionismo va a renunciar a hacer efectivos sus objetivos finales en un breve plazo. De hecho, la interpretación que ERC hace de las medidas de Sánchez es radicalmente distinta a lo que éste asegura ofrecer al país. Hasta el soberanismo más posibilista necesita convencerse y convencer a los suyos de que la reforma del Código Penal franquea el paso a la convocatoria de su anhelado referéndum. En otras palabras, facilita que Esquerra condicione la continuidad de Sánchez en la próxima legislatura al logro de una consulta sobre la independencia –como se propone hacer–, cuya sola vindicación reactivaría el 'procés'.