La sexta ola de COVID-19 ya ha puesto sobre el tapete el debate sobre la vacunación obligatoria, una vez se ha contrastado que el grupo de los no vacunados constituye un peligroso foco de contagio. Dicho debate ha sido alentado en la Unión Europea ... y no es ajeno a España. Aunque la pretensión es menos estricta, Baleares prepara ya una norma que, entre otras exigencias, reclamará a todo el personal sanitario la presentación de un certificado de vacunación o, en su caso, de tres pruebas negativas de coronavirus semanales para poder trabajar. La medida tendrá que ser analizada por el TSJ de Baleares ya que afecta a derechos fundamentales de las personas. Otros altos tribunales regionales ya han validado medidas similares para ingresar en establecimientos abiertos al público, pero no ha habido pronunciamiento sobre una propuesta semejante. Y mientras los gobiernos autonómicos adoptan medidas que refuercen en su ámbito geográfico la seguridad sanitaria en un momento en que la sexta ola avanza hacia cotas que se creían superadas, el de La Rioja decidió la semana pasada anular las disposiciones de su competencia vigentes y confiar su estrategia al uso de la mascarilla y a la distancia social. Un ejercicio de optimismo, si no de irresponsabilidad, en vísperas de Navidad.

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