La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que los ciudadanos podrán recuperar «su vida normal» a partir del día 26 de abril, aunque la vuelta a la «ocupación de calles y plazas» se realizará «con instrucciones claras» que transmitirá el propio Ejecutivo. ... Según la ministra, el desarrollo del día a día de los ciudadanos «se hará con diferentes escenarios que no anticipamos porque queremos que los técnicos decidan», valiéndose para ello del estudio epidemiológico que Sanidad va a llevar a cabo y que examinará la situación de unas 60.000 personas. Sus palabras pronto fueron matizadas por los ministros Illa y Ábalos, que consideran aventurado pronosticar con tanta precisión el retorno a una normalidad incierta. Máxime cuando los propios expertos han divulgado ya las grandes dificultades que ofrecerá la desescalada, que habrá de hacerse gradualmente para evitar que, una vez controlado el problema sanitario y en vías de ponerse de nuevo en marcha el sistema económico, se reproduzca la enfermedad. Los portavoces oficiales del Estado tienen la obligación de la discreción y la prudencia y es absurdo, en pleno confinamiento, manejar con tanta ligereza el sacrificio de una ciudadanía doliente, atemorizada y perpleja.
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