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Oídos sordos
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Sorprende la escasa atención que se les presta a instituciones con tanta autoridad moral para opinar en la pandemia como el Colegio de MédicosEl Gobierno, a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del doctor Fernando Simón, continúa mostrando su confianza en que la tercera ola epidemiológica en España alcanzará su pico en pocos días. Insisten en que el estado de alarma vigente ofrece a las comunidades ... autónomas recursos normativos suficientes para prevenir aún más los contagios, aseguran que el sistema sanitario no colapsará y solicitan paciencia al ciudadano para comprobar los efectos de las medidas adoptadas. Pero el incremento diario de casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos contradice la impasibilidad con la que Illa y Sánchez administran sus competencias de salud pública y hacen oídos sordos a los requerimientos de los gobiernos autonómicos. De estos o de instituciones como, en el caso de La Rioja, el Colegio de Médicos, con tanta autoridad moral para exponer sus opiniones sobre las medidas contra la pandemia, que se antoja extraño que su voz no fuera escuchada de antemano por el Ejecutivo. Incluso si, como se podía prever, la postura colegial se alinea con quienes apuntan hacia la obligatoriedad del confinamiento. El Estado de las autonomías obliga a la cooperación frente a la pandemia y no es excusa para que cada administración eluda responsabilidades a expensas de otras o de señalar la conducta incívica de algunos ciudadanos. Incluso admitiendo que el Gobierno central podría tener razón sobre la próxima llegada del pico epidémico, resulta más que preocupante que no se valoren los estragos causados por los contagios que podrían haberse evitado; y que no se tengan en cuenta las pérdidas en vidas, en salud y en bienestar que supondrá una desescalada que durará semanas.
En la otra vertiente de la COVID-19 se encuentra la vacunación, cuyo inicio a finales de diciembre fue anunciada por el Gobierno con meses de antelación sin que –por lo que parece– las administraciones concernidas pusieran el mismo empeño en trazar un plan dotado con los recursos y protocolos precisos. La proliferación de cargos públicos y responsables sanitarios que se han saltado la cola provoca vergüenza por su comportamiento personal e indignación por el uso del poder público. Y advierte de las responsabilidades concurrentes en la aplicación desordenada de vacunas que deberían estar sujetas a una custodia estricta. Que un consejero, un alcalde u otros cargos justifiquen su vacunación por delante de otros es un sarcasmo que pone en evidencia carencias de previsión y autoridad que interpelan a todas las administraciones.
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