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Hace seis años se puso en marcha la Oficina de Asuntos Económicos de La Rioja. Con todo el boato posible, aquel instrumento se presentó ante los ciudadanos como crucial para definir las bases del crecimiento económico y la creación de empleo en la comunidad. Todos ... los integrantes manifestaron con mayor o menor entusiasmo su convicción de que este foro podía ser determinante para la prosperidad y el desarrollo de la región, aunque en su génesis se evidenciaron carencias: representantes de las entidades financieras –que se quiera o no, son las que ponen pasta sobre la mesa–, asesores y especialistas fiscales –que puedan trazar una hoja de ruta sensata sobre los impuestos– y, por supuesto, los partidos políticos –que determinen unas líneas de acción comunes, libres de intereses partidistas y electorales y a salvo de los cambios de Gobierno–. Para el 2015, la Oficina había fijado 250 actuaciones que desarrollar en el futuro para avanzar en los retos de la economía riojana. Pero el departamento dormitó hasta que este año, pandemia mediante, el Ejecutivo lo recuperó incorporando al organigrama a las formaciones políticas. La primera paradoja fue que el PP, quien había gestado este ente, se negó a participar argumentando que solo el Parlamento es el marco adecuado para consensuar un plan de respuesta a los estragos económicos del COVID. La segunda que, al menos públicamente, bancos y expertos fiscales sigan ausentes de un negociado al que podrían aportar muy, pero que muy mucho.
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