Tan obligado como necesario

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el que declara firme la sentencia del Supremo que, siguiendo su mismo criterio, establece un 25% para el castellano en la enseñanza en la comunidad y da diez días al Govern para que comience a ... aplicarla, coloca al Ejecutivo soberanista en una disyuntiva ya ineludible por sus potenciales consecuencias. Hasta ahora, el presidente Aragonès se ha negado a tocar el modelo de inmersión lingüística que identifica al catalán como el único idioma vehicular en las escuelas expresando, al tiempo, el amparo a los centros interpelados por las resoluciones judiciales. El TSJ advierte ya del riesgo de desobediencia en que incurrirían los responsables institucionales si persisten en desoír su mandato y el del Supremo. La elevación del pleito por parte del independentismo a 'causa contra el catalán' ha llevado de nuevo la discrepancia al vidrioso ámbito en el que se pretende enfrentar la legitimidad política a la legal como si fueran excluyentes. El acatamiento por los poderes públicos de las resoluciones judiciales no solo resulta obligado en cualquier Estado de Derecho. En este caso, es necesario para rebajar una tensión que se extremaría si media otra insubordinación.